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Obstáculos a la alta tensión (Editorial)

 
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PJLS
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MensajePublicado: Dom May 04, 2008 11:39 am    Asunto: Obstáculos a la alta tensión (Editorial) Responder citando

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la autorización dada por el Gobierno a Red Eléctrica Española (REE) para construir la línea Soto-Penagos, al argumentar que no había realizado previamente un estudio de impacto ambiental que incluyese todo el trazado. Ante los recursos presentados por distintos ayuntamientos, REE optó por negociar ocho variantes locales del trazado con distintos consistorios, que sometió posteriormente a los correspondientes estudios de impacto ambiental, siendo aprobados por el Consejo de Ministros. Pese a las negociaciones entre REE y los ayuntamientos, la corporación municipal de Piloña mantuvo el recurso contra el trazado inicial y ahora el TSJM anula toda la tramitación por considerar que el trazado debería ser sometido a un estudio de impacto ambiental conjunto.

La sentencia del TSJM obliga a rehacer toda la tramitación administrativa, lo que conllevaría un retraso de al menos cuatro años. Ante esta situación, REE ha optado por recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo y seguir con la construcción de la línea, de la que ya se ha ejecutado el 60% del trazado. El Principado ha mostrado su comprensión hacia la decisión tomada por la empresa.

La línea de alta tensión Soto-Penagos comenzó a planificarse en el año 1989, pero las alegaciones en la tramitación administrativa y las impugnaciones en vía jurisdiccional han retrasado su ejecución. Un destino similar ha seguido la otra línea de alta tensión, Sama-Velilla, que fue planteada en el año 1983 y que está prevista para el año 2011, aunque existen por resolver miles de alegaciones contra el anteproyecto y el estudio de impacto ambiental. El resultado final es que dos décadas más tarde Asturias sigue sin contar con nuevas líneas de alta tensión que permitan evacuar la energía eléctrica generada hacia otras regiones. Asturias produce el doble de electricidad de la que consume, debiendo transportar energía a través de dos líneas, Lada-La Robla y Soto de Ribera-La Robla, que han ganado un 25% más de su capacidad tras haber sido recientemente repotenciadas. Aumentar las posibilidades de transporte eléctrico va ineludiblemente ligado a la entrada en uso de nuevas líneas de transporte.

Desde que se inició la etapa autonómica nunca hubo un plan de crecimiento energético e industrial como el actual, ligado a la sustitución del tradicional parque termoeléctrico por la planta regasificadora de El Musel, a los grupos de ciclo combinado de gas, a los parques eólicos y a una planta de carbón supercrítica. Cinco empresas han depositado avales ante la Administración para desarrollar plantas de gas de ciclo combinado. La entrada en funcionamientos de estos ciclos de gas supondrá el aporte de 3.600 megavatios a la red. A ello hay que unir la posible instalación de una planta de carbón, como la que estudia HC Energía para Aboño, y los 24 parques eólicos que esperan ser tramitados en cuanto se levante la moratoria impuesta por el Principado, que sumarán 858 megavatios a la red. La construcción de todas estas infraestructuras comporta la inversión de 3.000 millones de euros, que dará empleo a 12.000 trabajadores y luego se traducirá en la creación de 1.000 puestos de trabajo directos. Todo este plan depende de la construcción de las dos nuevas líneas de alta tensión, Soto-Penagos y Sama-Velilla.

Llama la atención que unas infraestructuras tan necesarias para el futuro de Asturias queden al albur de las quejas y recursos que presenten distintos ayuntamientos. Es probable que REE pudiera haber trabajado con más diligencia y tacto, negociando anticipadamente con los interesados y ofreciendo explicaciones por el trazado propuesto. También el Principado debería haberse implicado en esa gestión, dado que las mayores resistencias a los trazados provienen de las corporaciones municipales, sensibles a una negociación política en la que cabía ofrecer contrapartidas. Carece de lógica solicitar al Gobierno central que incluya el proyecto de regasificadora de El Musel en el Plan Energético Nacional y no participar en la negociación con los ayuntamientos y REE para retirar los obstáculos a la construcción de las llamadas 'autopistas eléctricas'. La judicialización de los procesos de construcción de infraestructuras aumenta cuando la Administración no explica suficientemente sus decisiones. Activar la llegada de gas a la región y animar a invertir en activos de generación eléctrica forma parte de una cadena cuyo siguiente eslabón son las líneas de transporte. Sin aumentar la capacidad de transporte eléctrico quedará aplazada la inversión en plantas de generación.

Desde hace treinta años, el debate público asturiano gira en torno a dos ejes, reindustrialización y superación del déficit en comunicaciones. La búsqueda de empleo se liga a ubicación de industrias y construcción de carreteras. La pérdida de peso de la minería del carbón, acentuada desde el año 1990 (en ese año todavía empleaba a 25.000 trabajadores), no dio lugar a una preocupación colectiva por nuevas fuentes de energía, viéndose como un engorro la ubicación de cualquier proyecto energético por potenciales daños medioambientales. Plataformas de vecinos y quejas de gobiernos municipales han acompañado a todas las iniciativas en el sector energético. Se echa de menos una cierta pedagogía social desde las instituciones autonómicas que haga ver que la industria asturiana es muy intensiva en consumo de energía y que la exportación del excedente es una fuente de riqueza para Asturias. Con una opinión pública concienciada (¿concienciada de qué?), gran parte de los obstáculos surgidos en torno a la construcción de las líneas de alta tensión se hubiera sorteado intensificando la interlocución con los ayuntamientos y la Administración central responsable de la mayor parte de las decisiones energéticas.

El Comercio Digital

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